Llauradó eludió hacer declaraciones, pero su abogado Jordi Pina afirmó que la operación es totalmente legal y que «se ha acreditado» documentalmente que no existe fraude a Hacienda. «En su día, pedimos el archivo del caso y el juzgado lo acordó por la bondad de la operación. Un recurso del abogado del Estado originó que la Audiencia de Barcelona reabriera el asunto. En el juicio se demostrará la inocencia de Llauradó».

El fiscal Ricardo Sanz-Gadea ha presentado su escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, que ha investigado el presunto fraude en el que, según la acusación, se han utilizado incluso facturas falsas. En el epicentro del proceso está la empresa Coordinadores de Gestión, constituida en mayo de 1986 por Llauradó y varios familiares. El objeto social de la mercantil son «las actividades constructoras» y la «explotación de inmuebles».

La empresa adquirió el 5 de diciembre del 2000 una finca rústica en el municipio de Manilva (Málaga) por 4,8 millones de euros. La intención era promover un complejo de viviendas para jubilados alemanes. El fiscal destaca que debido, al parecer, a que el suelo no fue recalificado en el plazo previsto en el convenio urbanístico, la sociedad de Llauradó vendió el solar a otra compañía por 15,5 millones más 2,4 de IVA, consiguiendo una importante plusvalía.

LA FALSEDAD / El pago de la operación fue aplazado para ser abonado en vencimientos anuales desde noviembre del 2003 hasta el mismo mes del 2006, si bien Llauradó anticipó el cobro a abril del 2003.

La fiscalía apunta a que la firma efectuó una declaración «inveraz» y se dedujo unas cuotas de impuestos «ficticias» amparadas en facturas y anotaciones contables del 2002 «irreales y que no corresponden con verdaderas entregas de bienes o prestaciones de servicios». Esas facturas fueron emitidas por firmas vinculadas al empresario. La acusación sostiene que los imputados eludieron cuotas del IVA y del impuesto de sociedades. Detalla que la totalidad de la renta debía haberse hecho tributar en el ejercicio del 2003, que es cuando realmente se cobró el importe del precio acordado.

Información publicada en lapágina 46 de la sección deEconomía de la edición impresa del día 07 de julio de 2010